Sanciones en el confinamiento

Sanciones en el confinamiento 509 339 Prodis Abogados

La mayoría de la población aceptó respetar el confinamiento impuesto por el Gobierno como consecuencia de la pandemia declarada por el COVID 19 pero no todos los ciudadanos (justificada o injustificadamente) siguieron las indicaciones del Gobierno. Ante esta situación ha surgido una duda muy repetida, ¿es delito de desobediencia a la autoridad saltarse el confinamiento? ¿Es infracción administrativa saltarse el confinamiento?

La respuesta es que, el mero incumplimiento de las limitaciones derivadas del estado de alarma, no implica automáticamente ni la comisión de un delito de desobediencia, ni la comisión de una infracción administrativa y si le han sancionado por uno de los dos motivos no tiene que conformarse porque tenemos mucho que decir.

El delito de desobediencia por incumplir el confinamiento

Que el incumplimiento del confinamiento no implica la comisión de un delito penal lo afirma, entre otros, el Juzgado de lo Penal 2 de Vitoria en la Sentencia de 11-5-2020, en la que el Juzgado absuelve de un delito de desobediencia grave a la autoridad a un hombre que se saltó varias veces el confinamiento y fue sorprendido por agentes policiales.

Según la referida sentencia, salir del domicilio vulnerando la obligación de permanecer en el mismo, en principio, no puede ser constitutivo de delito, sino, a lo sumo, de una infracción administrativa. Para que exista delito de desobediencia debe existir un requerimiento previo y personal  realizado por un agente de la autoridad, y dicho requerimiento debe ser desobedecido expresa y deliberadamente.

La infracción administrativa de desobediencia por salir del domicilio

Pero el incumplimiento del deber de confinamiento tampoco implica necesariamente la comisión de una infracción administrativa puesto que en éste caso también debe existir una desobediencia expresa a la orden del agente de la autoridad, aunque más leve que la constitutiva de delito, y en la mayor parte de las sanciones que impuso el Gobierno no existe. Además, muchos de los  incumplimientos sancionados estuvieron justificados de modo que gran parte de esas sanciones deberían revisarse.

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